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A partir de la entrada en vigor en octubre de 2016, de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibir notificaciones por estos medios. Y se considera que se entenderá practicada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido (art.43.2 de la Ley)

Repercusión inmediata de esta modificación administrativa es, la obligación entre aquellos que tengan acceso a medios electrónicos -ya sean personas físicas o jurídicas-, de tener el correspondiente certificado electrónico. Recordemos que esta obligación solo se extendía a las personas jurídicas (sociedades de responsabilidad limitada y sociedades anónimas).

De esta forma la Administración da por zanjada la problemática de los defectos en notificaciones que tantos procedimientos les ha costado…

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